Memorándum del Director del diario Nación de Costa Rica, Eduardo Ulibarri, a los Embajadores de la Unión Europea en Costa Rica, de fecha 19 de abril del 2001. El mismo se publica por gentileza de su Director a IUSNEWS

Limitaciones a la prensa en Costa Rica.

El ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica está limitado por tres tipos de factores:

I.     La legislación vigente, sobre todo los “delitos contra el honor” y el “desacato” contenidos en el Código Penal.

II.    La forma en que ha sido aplicada en algunos decisiones judiciales, y la jurisprudencia y precedentes que esto ha creado.

III. Ciertas tendencias ideológicas o doctrinarias favorables a las limitaciones y los controles, que han influido en sectores legales, académicos, políticos y administrativos.

A continuación se pasa revista a cada uno de los anteriores aspectos, con un énfasis mayor en la legislación existente, que comprende también los tratados suscritos por el país y las reformas que deberían emprenderse.

 

I. La legislación

 

La legislación costarricense relacionada con asuntos de prensa, especialmente “delitos contra el honor” y conexos, plantea, entre otros, los siguientes problemas:

1.     Coloca el peso de la prueba en el querellado, no el querellante.

2.     Carece de suficientes elementos atenuantes en casos relacionados con funcionarios públicos o asuntos de interés público. Peor aún, el desacato da a esos funcionarios una protección especial frente a la crítica.

3.     Crea una responsabilidad solidaria automática entre el autor de una publicación y el medio por el que esta se difunde, independientemente de si ese autor es un tercero sin nexo con el medio, o un funcionario de este.

4.     No valora adecuadamente la obligación que deberían tener los querellantes de demostrar el dolo de las personas acusadas para poder lograr una condena.

El resultado es un ambiente restrictivo para el pleno ejercicio de las libertades de expresión y prensa, con el consiguiente perjuicio para el derecho de todos los ciudadanos a buscar y difundir información, ejercer la crítica y promover el debate social abierto e intenso.

Estas limitaciones existen a pesar de que otras leyes, o tratados internacionales ratificados por el país, han establecido equilibrios más inteligentes entre la protección del honor y la libertad de prensa, o han creado obligaciones para que nuestra legislación garantice un ejercicio más libre de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público.

 

Nuevos instrumentos nacionales

 

En cuanto a la legislación nacional, el derecho de replica, incluido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (11 de octubre de 1989) estableció un mecanismo sencillo, expedito y eficaz (el amparo) para que cualquier ciudadano rectifique informaciones “inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio”. De este modo, y aunque a veces ha sido esgrimido como mecanismo de presión contra la prensa, ha garantizado legalmente lo que era una práctica bastante generalizada en los medios de comunicación más responsables del país: abrir su tiempo y espacio al debate, la discrepancia y las aclaraciones.

Los fallos de la Sala IV se han encargado, a lo largo del tiempo, de fijar puntos de referencia más claros para el ejercicio de esta figura.

Por sus características procesales y la rapidez de resolución, el derecho de réplica es de una calidad y eficacia mayores que la establecida en el Código Penal vigente para tutelar el derecho al honor o el buen nombre; además, hace más compatible esa tutela con un clima de discusión pública intenso y sano, como necesita cualquier democracia. Podría incluso decirse que el derecho de réplica torna casi innecesaria la aplicación de la legislación actual de delitos contra el honor.

 

Tratados, decisiones e instancias externas

 

En cuanto a los tratados internacionales, el más importante es la Convención Americana de Derechos Humanos, que otorga a la libertad de prensa y de búsqueda y difusión de informaciones una fuerte protección. Al ratificarla, nuestro país se comprometió a respetar los derechos allí estipulados, así como las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, nuestra legislación y tribunales deberían también tomar muy en cuenta las recomendaciones y opiniones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión creada por decisión unánime de la Comisión en octubre 1997, y ratificada por la Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile en 1998. (El Cargo de relator lo ejerce, desde su creación, el jurista argentino Santiago Cantón).

Con creciente énfasis, estas instancias han destacado la importancia de que las respectivas legislaciones nacionales de América, sin perder los necesario equilibrios entre los sujetos de derecho, mejoren las condiciones para la divulgación de informaciones, el ejercicio de la crítica y la adecuada discusión sobre asuntos de interés público.

Por ejemplo, en respuesta a una consulta formulada por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cuando se tramitaba en ella el proyecto de “Ley de protección de la libertad de prensa”, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos apoyó “alguna fórmula que efectivamente incorpore” la llamada “doctrina de la real malicia” al derecho interno costarricense.

Tras explicar con amplitud esa figura legal y su desarrollo a partir de la jurisprudencia estadounidense, el Instituto dice en las conclusiones de su informe:

“Como se ha visto en este breve panorama, la doctrina de la real malicia consiste en un instrumento de protección que garantiza el libre debate de ideas esencial para una sociedad democrática, disminuyendo –bajo ciertas condiciones— el riesgo de una sanción penal para quien formula una afirmación potencialmente lesiva del honor de un funcionario público o persona pública (sic: debería ser “privada”) involucrada en un tema de interés público.”

Y añade en su último párrafo:

“Por todo ello, nos permitimos sugerir que la Asamblea Nacional (sic)  de Costa Rica adopte un texto que, en forma completa, incorpore la doctrina de la real malicia a las figuras de la calumnia, injuria y difamación de la ley penal vigente. De esa manera se salvaguardan suficientemente los derechos de toda persona a la protección de su honor y reputación, mientras al mismo tiempo se promueve un debate vigoroso y transparente sobre todo asunto de interés público. Con ese equilibrio entre valores se fortalece la democracia”.

La Comisión, en 1994, afirmó que “las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el art. 13 (de la Convención) y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida”. (Informe CIDH, 1994, publicado en febrero de 1995, Secretaría General de la OEA).

El relator Cantón, en su informe correspondiente a 1999 (OEA/Ser.L/II.106), con fecha 13 de abril de 2000, establece la importancia de que “se comiencen a analizar, discutir e incorporar en los Estados miembros nuevos mecanismos que permitan una defensa más amplia de la libertad de expresión e información”.

Para el Dr. Cantón, así como para una gran cantidad de expertos y personas sensibles a la dinámica democrática, el carácter de representantes o servidores que tienen los funcionarios públicos, así como la necesidad de un control eficaz y dinámico de los asuntos que manejan, justifica que tengan una menor protección que la del resto de los ciudadanos frente a las informaciones y críticas sobre su labor. En esto consiste el llamado “sistema dual de protección”, que debería conducir, al menos, a dos corolarios legislativos: la eliminación de las leyes sobre desacato y la introducción de la doctrina de la real malicia ya comentada.

En el mismo informe citado, el señor Cantón se hace eco de conceptos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que “inclusive las leyes que permiten esgrimir la verdad como defensa inhiben inevitablemente el libre flujo de ideas y opiniones al transferir la carga la prueba el que expresa sus opiniones”.

El relator, en su informe, propugna también por la introducción de la llamada doctrina del “reporte fiel”, que consiste, esencialmente, en que la reproducción fiel de información emitida por un tercero conocido no da lugar a responsabilidad de quien la reproduce. “La publicidad de información proveída por terceros –afirma—no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente, esto implicaría una restricción innecesaria, que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado...”

A finales de octubre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que llama a una gran apertura a favor de la libre difusión de información e ideas, en el marco de una amplia libertad de prensa. Por su relevancia directa para lo que comenta este memorando, se transcriben dos de sus artículos:

10. “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

11. “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

(El texto completo apareció en La Nación del 23 de octubre, 2000).

 

En resumen, dados (a) la vigencia del derecho de réplica en la legislación nacional, (b) las coincidentes opiniones de representantes de organismos interamericanos de derechos humanos en pro de mejorar las condiciones para la difusión de informaciones y ejercicio de la crítica sobre asuntos de interés público, y (c) el carácter restrictivo de la legislación penal en esta materia vigente en Costa Rica, se hace necesaria una reforma a la legislación sobre prensa en el país, sobre todo de los llamados “delitos contra el honor” y el “desacato” incluidos en el Código Penal.

 

Principios esenciales

 

Aunque cualquier reforma debe traducirse en una redacción específica, es importante tener presentes algunos de los principios esenciales que, al menos desde el punto de vista de quien suscribe, deben orientar la legislación sobre prensa en el país:

1.     Los delitos contra el honor deben ser delitos de acción privada (como ocurre en la legislación costarricense). Sin embargo, deben existir “filtros procesales” que eviten las querellas temerarias y que obliguen a los jueces a analizar si existen bases suficientes en las querellas antes de continuar con el proceso.

2.     El peso de la prueba debe tenerlo quien demanda. No se debe exigir al acusado demostrar que es inocente; debe exigirse al demandante demostrar que el acusado es culpable. (En la actualidad, nuestra legislación coloca el peso de la prueba en los acusados por delitos contra el honor, al obligarlos a demostrar la verdad como uno de los requisitos para ser absueltos).

3.     No debe existir ninguna protección especial ante la crítica para los funcionarios públicos; al contrario, deben existir mayores garantías y defensa para quienes critican a los funcionarios públicos.

4.     Cuando la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, el querellante no solo debería mostrar la falsedad de la imputación que se le hace; también debería probar “que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo la intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. (Artículo 10 de la Declaración de Principios citada). Es decir, debe incorporarse a la legislación la figura de la “real malicia”.

5.     Al margen de otras consideraciones, el oportuno reconocimiento y la corrección pública de un error, por parte de su autor, debe ser un fuerte atenuante a favor del acusado en los casos de delitos contra el honor.

6.     No debe existir responsabilidad solidaria automática entre el autor de una publicación y el medio (o su director) en que esta se publica. Solo debe existir esa responsabilidad solidaria si, en caso de existir delito, se prueba que hubo una complicidad deliberada y activa por parte del director o del medio y el autor de la publicación.

7.     La reproducción fiel de información emitida por un tercero conocido no debe dar lugar a responsabilidad de quien la reproduce, sobre todo si tal información versa sobre asuntos de interés público.

8.     La expresión o divulgación de opiniones sobre asuntos de interés público, personajes públicos o particulares que voluntariamente se han involucrado en asuntos de interés público, aun si son severas, irrespetuosas o de mal gusto, no deben constituir delito.

9.     El ejercicio de la crítica sobre cualquier materia profesional, artística, científica, histórica, deportiva, política o de cualquier otro asunto que pueda tener interés público, no debe constituir delito.

10. Debe existir el secreto profesional de los periodistas, entendido especialmente como la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

11. Las penas deben limitarse a multas, publicaciones aclaratorias e indemnizaciones. Deben ser razonables y proporcionales al delito. En el caso de reparaciones monetarias, los daños que se otorguen deben ser objetivamente demostrables y –cuando sean reales—deben medirse. Deben existir límites para las indemnizaciones establecidos por la ley.

 

Propuestas específicas

 

A partir de lo anterior, se pueden plantear una serie de propuestas específicas de reforma legal.

La que pondría a la legislación costarricense más a la altura de las tendencias en derechos humanos y de un mejor balance social, consistiría en despenalizar los delitos contra el honor y transferirlos a la esfera civil.

Sin embargo, hay otras posibilidades que no tendrían que ir tan lejos, y que podrían consistir en lo que a continuación se propone:

 

Desacato

Eliminar el delito de desacato, actualmente tipificado en el artículo 309 del Código Penal, que dice lo siguiente:

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ofendiere el honor o el decoro de un funcionario público o lo amenazare a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

“La pena será de seis meses a tres años, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro de los Supremos Poderes, Juez, Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor o Subcontralor General de la República”.

Aunque ha sido poco utilizado, es una cláusula odiosa en una democracia, por cuanto coloca a los funcionarios por encima del resto de los ciudadanos.

El 30 de marzo de este año, Poder Ejecutivo envió a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminarlo de la legislación (expediente 14.331).

 

Delitos contra el honor

Los directores de medios de comunicación han redactado un conjunto de propuestas para reformar los artículos 149, 151 y 152 del Código Penal, que son los que más limitan el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

A continuación se transcribe cada artículo tal como está vigente (en letras rectas) y las reformas propuestas (en cursiva):

 

Artículo 149

 

Prueba de la verdad

El autor de injuria o de difamación no es punible, si la imputación consiste en una afirmación verdadera y ésta no ha sido hecha por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia.

Sin embargo, el acusado sólo podrá probar la verdad de la imputación:

1)  Si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés público actual y;

2)  Si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas.

El autor de calumnia y de difamación calumniosa podrá probar la verdad del hecho imputado, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada y que éstas no hayan sido promovidas por su titular.

Reforma propuesta:

 

Elementos probatorios

Solo existe injuria, difamación o calumnia si se demuestra que los hechos divulgados son falsos y que, además, esa divulgación se hizo por el puro deseo de ofender.

 

Artículo 151

 

Exclusión de delito

No son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de preceder o la falta de reserva cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo.

Reforma propuesta:

 

Exclusión de delito

No constituyen ofensas al honor las expresiones humorística y las opiniones o juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, científica, política, deportiva o de cualquier otra naturaleza que sea de interés público.

 

Artículo 152

 
Publicación de ofensas

Será reprimido, como autor de las mismas, el que publicare o reprodujere, por cualquier medio ofensas al honor inferidas por otro.

Reforma propuesta:

Reproducción fiel 

No delinque quien reproduce fielmente informaciones u opiniones emitidas por un tercero conocido.

Tampoco delinque quien solo facilite al autor de injuria, calumnia o difamación el medio necesario para su publicación, difusión o venta. Solo será responsable cuando el autor no fuere conocido.

 

Los directores también han propuesto una reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal, para que los periodistas estén entre quienes pueden hacer uso del “deber de abstención”, que equivale al secreto profesional. En la actualidad, esta figura cobija a “los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

El 30 de marzo, el Poder Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa poner nuevamente en trámite el expediente 13.473, denominado “Ley de protección a la libertad de prensa”. Aunque los cambios que propone sobre “delitos contra el honor” son insuficientes, podría servir de base para un trámite que incorpore las propuestas de reformas que han formulado los directores de medios.

 

II. Actitud de los jueces y  aplicación de la legislación

 

Los criterios conforme a los cuales los tribunales penales aplican la ley en casos de “delitos contra el honor” son variables. Sin embargo, durante los últimos años ha habido una tendencia a ser más rígidos e inflexibles con la prensa y los periodistas.

Un problema fundamental, como ya fue apuntado, es que los encargados de ventilar estos casos son tribunales y jueces penales. Acostumbrados a tratar con delitos como robos u homicidios, en general no tienen suficiente sensibilidad para medir las consecuencias de sus decisiones sobre las libertades constitucionales en general, y las de expresión y prensa en particular. Este problema es extensivo a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de la cual han emanado resoluciones con una doctrina peligrosamente limitante de la libertad de expresión y de prensa.

Un ejemplo de criterios sumamente restrictivos en contra de la prensa es la sentencia condenatoria contra el periodista Mauricio Herrera, de La Nación, en una querella planteada en su contra por el exdiplomático costarricense Félix Przedborski. El fallo condenatorio –ratificado por la Sala Tercera al rechazar un recurso de casación de los acusados--, se basó, entre otras, en las siguientes razones:

1)     El tribunal exigió que el periodista demostrara la verdad de publicaciones realizadas por prestigiosos diarios de Bélgica, en las que se daba cuenta de problemas en que se había visto envuelto el exdiplomático. Además, equiparó “prueba de la verdad” con resoluciones judiciales.

2)    Se utilizó un concepto de “derecho a la información” que no implicaba, como es usual, ampliar el derecho del público a la información o dar garantías a los periodistas para ejercer ese derecho. Al contrario, lo equipararon con exigir veracidad a la prensa. El siguiente párrafo de la sentencia es muy revelador al respecto:

“El fin propuesto con la libertad de prensa es dar información ya que no es un fin en sí misma sino un medio orientado hacia el bien común, transmitiendo la verdad y que esta sea llevada al conocimiento de los ciudadanos, los que según el artículo 46 de la Carta Magna tienen derecho a recibir información adecuada y veraz...”

(El artículo 49 de la Constitución se refiere al tipo de información que deben recibir los consumidores de productos; es decir, equivale a la información que se debe brindar en las etiquetas).

Otro ejemplo de criterios sumamente restrictivos, y hasta represivos, en contra de la prensa fue la sentencia condenatoria de los periodistas de La Nación José David Guevara y Rónald Moya, y de su director, Eduardo Ulibarri, en una querella planteada por el exministro de Seguridad Pública y de Justicia, Juan Diego Castro.

El tribunal, en su fallo de marzo de 1998, no valoró el interés público del tema sobre el cual el periódico y los periodistas hicieron dos informaciones y un editorial: el uso irregular de unas armas por parte de Castro. Tampoco valoró la fundamentación de esas publicaciones y el esfuerzo por esclarecer la verdad. Por ello, atribuyó a los periodistas “dolo” (intención de ofender) contra el funcionario y los condenó.

Peor aún, la condena excedió todo límite conocido hasta entonces. Aparte de una alta indemnización a favor del exfuncionario y de varios “días multa” contra los periodistas y el director, el tribunal obligó a que el periódico publicara, en sus primeras 10 páginas, el texto completo de la sentencia. El periódico apeló, pero perdió el caso en la Sala III (Penal) de la Corte Suprema de Justicia. Debió entonces cumplir con la pena y las primeras 10 páginas del 28 de octubre de 1999 pudieron ser dedicadas a noticias, sino al texto de la sentencia.

 

Existe, además, un problema de procedimiento que perjudica a la prensa en relación con los “delitos contra el honor”. Como se trata de delitos de acción privada, en los que la iniciativa de la acción la lleva el presunto ofendido, no existen “filtros procesales” que eviten pasar a juicio acusaciones sin fundamento.

Al contrario, es sumamente fácil que cualquier presunto ofendido encuentre un abogado que plantee una acusación contra un periodista o medio. Como los jueces --a menos que existan errores garrafales—tramitan todas las acusaciones que se presentan, esto crea la posibilidad de utilizar el procedimiento de las querellas como chantaje contra la prensa. Incluso en acusaciones que están muy mal fundamentadas, la necesidad de contratar y preparar la defensa implica un costo y un desgaste que conspira contra un clima favorable al ejercicio de la libertad de prensa.

 

III. Tendencias doctrinarias

 

Algunos círculos académicos, políticos, jurídicos, administrativos y hasta periodísticos han tratado de desarrollar en los últimos años una serie de tendencias doctrinarias o conceptuales encaminadas a desvalorizar la importancia de las libertades de expresión y de prensa. Muchas de ellas se desarrollaron internacionalmente en las décadas de 1970 y (parcialmente) 1980, a partir de los esfuerzos de la UNESCO a favor del llamado “nuevo orden mundial de la información”.

Entre los conceptos de los que han hecho mayor uso los sectores mencionados están los siguientes:

1)     El replanteamiento del “derecho a la información” de forma que implique exigencias sobre “veracidad”, “calidad” u “oportunidad” de las informaciones, juicios y opiniones divulgadas por la prensa. La sentencia en el caso de Przedborski contra Herrera (mencionado anteriormente) es un ejemplo claro.

2)     Plantear que existe una contradicción entre derecho a la información (entendido como se menciona en el punto anterior) y libertad de prensa, que solo puede resolverse mediante limitaciones a esta.

3)     Desestimar libertad de prensa al equipararla como simple “libertad de empresa”. De este modo se trata de restarle importancia social, cuestionar que sea parte de los derechos individuales y tratar de hacer antagónicos los intereses de los periodistas y de los propietarios o directores de medios.

4)     Enfatizar los límites sobre el ejercicio de la libertad de prensa, en lugar de la apertura a su ejercicio, con el argumento de que “toda libertad tiene límites”.

5)     Destacar los errores o los excesos que cometen algunos medios y promover el establecimiento de controles, límites o reglamentos supuestamente encaminados a evitarlos.

6)     Establecer “misiones positivas” para la prensa, como, por ejemplo, respetar a determinadas minorías. Aunque en primera instancia suenan como convenientes, en la realidad se pueden convertir en puntos de partida para limitar ámbitos de libertad a la prensa.

7)     Plantear los anteriores conceptos como representativos de las “tendencias modernas” en legislación y jurisprudencia, con desprecio de los grandes avances que, a favor de la libertad de expresión y prensa han dado otras democracias; en nuestro ámbito jurídico, especialmente España y Argentina.

 

Un ejemplo de la forma en que legislación, jurisprudencia y tendencias doctrinarias se mezclan para producir iniciativas concretas adversas a la libertad de expresión, es la reciente reacción de las más altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante unas manifestaciones críticas de la ex Defensora de los Habitantes.

La funcionaria, Licda. Sandra Piszk, en ejercicio de sus funciones, dijo ante una comisión legislativa que en la CCSS existe corrupción y propuso que la institución fuera intervenida. Se trata de algo totalmente natural en el ejercicio democrático. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Caja, Lic. Rodolfo Piza R., la amenazó ese mismo día con acusarla si no se retractaba, y al siguiente la directiva tomó un acuerdo formal para proceder en ese sentido. Posteriormente fue revisado, pero no porque los directivos de la CSSS estimaran atentatorio para la libre expresión amenazar con acusaciones, sino porque ni siquiera se habían tomado el trabajo de leer las declaraciones textuales de la Defensora y éstas no tenían la dureza que ellos suponían.

Este caso ilustra el grado de intolerancia hacia la discusión libre de los asuntos públicos que se ha posesionado de algunos sectores, y reafirma la necesidad de un cambio amplio en nuestra legislación.

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