El Derecho y la Justicia en Suecia
Cortesía: Embajada de Suecia en Argentina Publicación del Svenka Institutet Ver más
Sumario:
La legislación sueca actual es el resultado de un largo desarrollo histórico, caracterizado más bien por la continuidad que por cambios bruscos. Hasta 1974, la principal fuente de derecho constitucional fue la Ley sobre la Forma de Gobierno, de 1809. Una nueva ley entró en vigor en 1975.
- Características Generales del Derecho Sueco.
- La legislación en nuestros días .
- Los legisladores.
- El procedimiento legislativo.
- Comisiones de encuesta.
- El trabajo de legislación en los ministerios y el Consejo Legislativo.
- La fase parlamentaria de la legislación.
- Promulgación.
- Uso del material legislativo.
- Los tribunales y la administración pública.
- El sistema judicial. Tribunales Generales.
- Tribunales de primer instancia.
- Tribunales de apelación.
- El Tribunal Supremo.
- Procedimientos Judiciales
- Asistencia jurídica pública.
- Tribunales administrativos.
- Los fiscales.
- El Colegio de Abogados.
- Sanciones penales.
- La Administración.
- Instituciones especiales de control. Los ombudsman.
- El Procurador General de Justicia.
- Bibliografía
Tal como ha evolucionado hasta nuestros días y como se ha establecido en la actual Ley sobre la Forma de Gobierno, el sistema sueco puede calificarse de democracia representativa. Esto significa que en los comicios celebrados a intervalos regulares por sufragio universal y con igualdad de derecho al voto, los ciudadanos eligen un organismo con facultad de tomar decisiones: el Riksdag, o sea el Parlamento sueco. Otra piedra angular del sistema sueco es el parlamentarismo.
Por lo que concierne al derecho civil y penal, aún está en vigencia el Código de Leyes sueco de 1734, al menos oficialmente, aunque muy poco queda de su contenido original. A lo largo del siglo pasado, se ha sustituido la mayor parte de los balkar, o libros, en que está dividido el Código de 1734, por otros completamente nuevos, relativos al matrimonio, herencia y sucesión, bienes raíces, delincuencia, procedimiento judicial y aplicación de las sentencias. Además, se ha acumulado en época moderna una gran cantidad de legislación fuera del Código, en dominios tales como las sociedades comerciales, derechos de autor, protección de la propiedad industrial y relaciones laborales. En el campo del derecho público también se han promulgado importantes leyes en época reciente, pertinentes, por ejemplo, a la planificación urbana y rural, protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza.
Características Generales del Derecho Sueco
La legislación sueca está basada en una sólida tradición nacional de derecho germánico, pero también ha recibido, por supuesto, influencia de otros sistemas jurídicos extranjeros. El derecho romano ha dejado huella menos marcada en Suecia que en la de la mayoría de los países europeos. Sin embargo, en muchos terrenos se nota una clara influencia del derecho romano, mientras que en otros se observan rasgos provenientes del alemán, francés - y en época muy reciente - también del anglonorteamericano. Una diferencia importante entre el sistema jurídico sueco y la mayoría de los del continente europeo radica en que Suecia no ha recurrido a codificaciones de gran magnitud como el Code Civil francés o el Burgerliches Gesetzbuch alemán. Con relación al derecho anglonorteamericano, el sueco guarda una diferencia importante: éste se basa, en gran medida, en la ley escrita, y en él la práctica judicial desempeña un papel menor, aunque importante. Así pues, el sistema legal sueco, tanto en virtud de su estructura sistemática como por su contenido, puede decirse que es un término medio entre el derecho europeo continental y el anglonorteamericano.
La legislación en nuestros días
En Suecia la labor legislativa ha tenido un ritmo vigoroso a lo largo de las últimas décadas. Como se ha indicado más arriba, varios sectores importantes han sido enteramente revisados. Una característica significativa de la legislación sueca es la de haber sido elaborada en buena parte en colaboración con los demás países nórdicos desde fines del siglo XIX. De aquí el alto grado de uniformidad jurídica en Escandinavia, y particularmente en el campo del derecho civil.
Los partidos en el poder han actuado con mucha prudencia en los terrenos del procedimiento constitucional parlamentario, así como también en los asuntos relacionados con la organización de la administración y justicia. Aún sigue siendo cierto que la vida pública sueca está impregnada, en grado excepcionalmente alto, de los ideales de una sociedad regida por leyes. Si bien esto es obvio tratándose de los tribunales, es no menor notable que las autoridades administrativas adopten formas judiciales en tal alta medida para su propio trabajo. Las administraciones se rigen desde hace tiempo por las leyes escritas y por la jurisprudencia. A modo de resumen podemos decir que el derecho sueco, en su aspecto orgánico general, acusa una peculiar mezcla de tradicionalismo y radicalismo. Eso explica en cierta forma la marcada inclinación a los compromisos y las soluciones moderadas, que ha caracterizado el clima político.
Del poder de promulgar leyes está investido el Parlamento, compuesto de una sola cámara de 349 miembros, directamente elegidos por períodos de cuatro años. Sin embargo, el Gobierno tiene poder de promulgar decretos relativos a cuestiones de menor importancia. En cierta medida, ese poder emana directamente de la Ley sobre la Forma de Gobierno. Por otra parte, ello no obsta para que el Gobierno pueda concedérsele la facultad de promulgar decretos en virtud de actos legales aprobados por el Parlamento. Tal competencia gubernamental se extiende principalmente a los asuntos relacionados con la administración y la política económica.
Cuando algún proyecto de ley cae en los dominios de alguna ley importante para el público, el Gobierno debe consultar la opinión del Consejo Legislativo (lagradet). Este cuerpo está compuesto de jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Administrativo, que son las máximas instancias judicial y administrativa, respectivamente.
Suecia tiene una Iglesia estatal luterana, y los asuntos legislativos más importantes que la afecten deben ser considerados por el Parlamento después de haber escuchado la opinión de la Asamblea General Eclesiástica, compuesta de representantes electos.
En Suecia el trabajo preliminar que requiere la elaboración de proyectos de ley está en manos de comisiones de encuesta, expertos jurídicos de los ministerios y comisiones permanentes del Parlamento.
Las iniciativas de nueva legislación pueden venir del Gobierno o de algún organismo administrativo central, así como también de organizaciones profesionales, sindicales o de otra índole. Otro procedimiento común consiste en que el Parlamento, basándose en mociones presentadas por miembros individuales, pida que se hagan las investigaciones pertinentes a la legislación en determinada materia. Hoy ya sólo ocurre en casos excepcionales que uno o más miembros del Parlamento le sometan a su consideración un proyecto de ley completo.
Como primer paso, el ministro correspondiente, con aprobación del Gobierno, nombra una comisión de encuesta. Si la medida propuesta tiene implicancias políticas, la comisión, por lo general, se compone de políticos de diferentes partidos y representantes de importantes grupos de intereses, y es presidida por un juez o funcionario público de alta jerarquía. Los aspirantes a jueces sirven normalmente de expertos y secretarios. El alcance de la investigación queda definido por directrices. Según la naturaleza de la tarea, las directrices pueden formularse en algunas ocasiones en términos extremadamente genéricos, mientras que en otros casos pueden precisarse mediante instrucciones detalladas y dirigidas a una meta clara. Las comisiones de encuestas suecas tienen la reputación de llevar a cabo estudios muy completos y minuciosos. Los resultados de su labor generalmente se presentan en un informe que incluye a menudo una exposición del estado de cosas en los dominios de que se trata (no pocas veces con referencia a sistemas jurídicos extranjeros), una justificación general de los cambios propuestos y propuestas detalladas con comentarios a cada cláusula. Los informes de las comisiones son publicados en una serie especial del Estado, llamada Encuestas Oficiales del Estado (Statens offentliga utred-ningar, SOU). Algunas veces traen un resumen en inglés. En cierta medida las investigaciones en asuntos legislativos son realizadas en el ministerio más directamente relacionados con ellos en cada caso, y en la tarea asisten los funcionarios de ese ministerio. Esta modalidad de encuesta se ha extendido en los últimos años, en especial cuando se trata de legislación de gran urgencia, pero ha sido objeto de crítica debido a que, a diferencia de los informes tradicionales, estos proyectos a menudo están redactados de forma muy concisa y no presentan una relación tan detallada de los argumentos en pro y en contra.
El trabajo de legislación en los ministerios y en el Consejo Legislativo
Cuando una comisión ha concluido su trabajo, sus recomendaciones son sometidas a examen por la sección legislativa del ministerio afectado. Luego el informe de la comisión es sometido a los comentarios escritos de autoridades y organizaciones interesadas. Si la legislación propuesta tiene una importancia especial, pueden llegar a ser consultados hasta cien organismos, que presentan sus comentarios, que a veces, alcanzan el volumen de un libro pequeño. Además, cualquier ciudadano tiene derecho a presentar sus puntos de vista sobre la propuesta al ministerio correspondiente. Sobre la base del informe y de las anotaciones solicitadas, el asunto es tramitado por expertos del ministerio. El ministro y el Gobierno dan entonces su juicio al respecto, y si se toma la decisión de proseguir, el ministro prepara un proyecto de ley. Como hemos dicho arriba, el Gobierno remite muchas veces el proyecto al Consejo Legislativo para que de su opinión. Este examina el texto desde un punto de vista jurídico, y especialmente en lo tocante a su coordinación con otras leyes y a su calidad formal. Después de introducir los cambios que se consideren deseables a juicio del Consejo Legislativo, el Gobierno presenta el proyecto de ley al Parlamento.
La fase parlamentaria de la legislación
La parte más importante del trabajo legislativo del Parlamento es realizada en comisiones permanentes que están organizadas por campos, y que a grandes rasgos corresponden a la división en ministerios. Su composición refleja el espectro de fuerzas políticas con representación parlamentaria. Cada una de las comisiones tiene acceso a expertos en su campo respectivo. La comisión trata los proyectos de ley del Gobierno y también las diversas mociones de enmienda que por regla general surgen cuando se trata de proyectos de ley de mayor importancia. Las labores de la comisión son expresadas en un informe en el que se declara su actitud respecto del proyecto de ley, a menudo acompañada de las reservas de grupos minoritarios dentro de la comisión. Luego se discuten el proyecto y el informe en una sesión plenaria del Parlamento, que, tras un debate, pasa a la votación. La decisión parlamentaria es anunciada en una carta al Gobierno.
Las leyes aprobadas por el Parlamento son promulgadas por el Gobierno. Las promulgaciones hechas por el Gobierno se publican en una serie oficial, Svensk Fôrftattningssamling (SFS)
De lo anterior se colige que el procedimiento legislativo sueco genera un gran volumen de material, que desempeña un papel importante como instrumento auxiliar en la aplicación de la ley. Como hemos dicho, los informes de las comisiones se dan a la publicidad. Las propuestas remitidas al Consejo Legislativo, la opinión expresada por el y las propuestas definitivas del Gobierno son incorporadas al proyecto de ley, que, como el informe de la comisión, se publica y se distribuye en nombre del Parlamento. Teniendo en cuenta la minuciosidad que se observa en esos materiales al formular las razones y el propósito de la ley, es natural que los tribunales, autoridades y abogados los consulten como importantes fuentes de interpretación. La forma tradicionalmente lacónica de la ley sueca es posible ante todo gracias a que los legisladores ya han expuesto ampliamente sus puntos de vista en los informes que preceden a la promulgación, y por lo tanto pueden sentirse seguros de que éstos se tomarán en consideración
Los tribunales y la administración pública
La responsabilidad principal de la aplicación de normas legales incumbe a los tribunales y a las diferentes autoridades administrativas. Igual que en otros países de Europa Occidental, en Suecia los tribunales ocupan un lugar especial. Sin embargo, la diferencia entre las autoridades judiciales y las administrativas es menor en Suecia que en la mayoría de los demás países europeos aunque hay una delimitación clara entre los tribunales y los organismos administrativos.
El límite entre asuntos de incumbencia de los tribunales y los que competen a las autoridades administrativas, se ha determinado hasta cierto punto en la ley sobre la Forma de Gobierno. Pero al respecto se establecen reglas más detalladas en la legislación promulgada por el Parlamento. En general se puede decir que los tribunales generales aplican la ley civil y penal. Los tribunales de primera instancia, además de sus atribuciones primordiales en derecho civil y penal, asumen muchas tareas de índole administrativa, relacionadas con escrituras de traspaso, urbanización, tutela, verificación de testamentos, etc. Los tribunales administrativos se ocupan de las decisiones adoptadas por autoridades públicas.
Por último, observemos que los jueces, los fiscales, los altos funcionarios de policía y los abogados tienen la misma formación profesional. Más aún, la mayoría de los licenciados en Derecho prestan sus servicios en algún tribunal de primera instancia durante dos años, a fin de adquirir experiencia antes de tomar un cargo público o continuar su carrera en otros dominios.
El Sistema Judicial. Tribunales generales
La jerarquía judicial sueca comprende tres categorías de tribunales: de primera instancia (tinsgrâtter), tribunales de apelación o de segunda instancia (hovrâtter) y el Tribunal Supremo (Hôgsta domstolen)
Tribunales de primera instancia
Hay alrededor de cien tribunales de primera instancia, cuya magnitud varía considerablemente. Los más pequeños sólo emplean uno o dos jueces con formación jurídica, mientras que el mayor de ellos - el Tribunal de Estocolmo - tiene a su servicio gran número de jueces. En el sistema judicial sueco son los tribunales de primera instancia los que desempeñan el papel principal. Su jurisdicción, en principio, no está sometida a limitaciones por lo tocante al carácter de la causa. Todas las causas penales y civiles se inician ante un tribunal de primera instancia, independientemente de la gravedad de la violación alegada de la ley o de la cantidad reclamada en pleitos civiles.
El presidente de un tribunal de primera instancia lleva el título de lagman. Con él trabajan uno o más jueces ( râdman), además de varios practicantes, es decir jóvenes egresados de facultades de Derecho empleados como escribanos.
En Suecia, los tribunales de primera instancia están formados, en la mayoría de las causas penales y algunos pleitos de Derecho familiar, por un juez con formación jurídica y un panel de jurados profanos, o nâmndemân, que participan en la vista principal. Esos jurados profanos son elegidos por consejos locales representativos entre una lista de ciudadanos locales elegibles, por períodos de cuatro años. La mayoría de ellos son reelegidos consecutivamente, y como todos están en servicio aproximadamente diez días al año, adquieren considerable experiencia de la praxis judicial. En las causas penales, el tribunal se compone generalmente de un juez con formación jurídica como presidente y tres o cinco jurados profanos, según la gravedad del delito alegado.
Los jurados, cuya tradición se remonta a los tribunales rurales de la Edad Media, han constituido un elemento importante de la democracia en la vida pública sueca y se diferencian en un punto esencial de los de tipo anglo norteamericano y europeo continental: los jurados suecos se ocupan no sólo del veredicto, sino que también deliberan con el juez en materia legal, por ejemplo las sanciones que se han de imponer en casos de delincuencia.
Cuando no se requiere el concurso de los jurados, el tribunal de primera instancia se compone generalmente de tres jueces con formación jurídica, o de uno solo si el caso es de menor importancia. En ciertos tipos de causas, el tribunal tiene una composición especial, y al lado de los jueces pueden intervenir expertos en la materia del caso. Esto ocurre, por ejemplo, en litigios de expropiación y bienes raíces.
Alrededor del 10% del número total de casos tratados por los tribunales de primera instancia son apelados antes los de segunda instancia.
En Suecia, hay seis tribunales de segunda instancia, y el mayor y más antiguo de ellos es el Tribunal de Apelación de Estocolmo, Svea hovrâtt, que fue establecido en 1614. Las apelaciones contra fallos de tribunales de primera instancia pueden interponerse ante un tribunal de apelación, donde, por lo general, son dirimidas por tres, y en algunas causas cuatro, magistrados y dos jurados profanos. En causas penales insignificantes, en que sólo se han impuesto multas, y en pleitos civiles referentes a pequeñas reclamaciones, se requiere un permiso especial para que un tribunal de apelación revise la causa. En ciertos tipos de causas, relacionadas con expropiación y bienes raíces, el tribunal se tiene que constituir de manera especial e incluir peritos en la materia. El magistrado primero de un tribunal de apelación lleva el nombre de presidente del tribunal de segunda instancia , hovrâttspresident. En gran medida, los trabajos preparatorios son realizados por aspirantes a jueces en proceso de aprendizaje. De las filas de esos aspirantes de jueces que prestan servicio en los tribunales de apelación salen más tarde secretarios y expertos que trabajan en ministerios y comisiones de encuesta.
Las apelaciones contra fallos de tribunales de segunda instancia pueden interponerse ante el Tribunal Supremo. Pero la posibilidad de que se considere la apelación está sujeta entonces a un permiso especial, que en principio sólo se concede si para la aplicación de la ley es importante que el Tribunal Supremo conozca el caso. Así pues, el Tribunal Supremo sólo examina casos que tengan relevancia como procedentes. Si la decisión es favorable, lo examina el Tribunal Supremo, mediante un tribunal formado por cinco magistrados. También en el Tribunal Supremo son aspirantes a jueces en proceso de aprendizaje los que se encargan de gran parte del trabajo preparatorio.
El veredicto de un tribunal se sustenta en las conclusiones de una vista principal concentrada, en la que ya se han presentado todo el material de prueba. En procesos civiles, la vista principal va precedida de una fase preparatoria que, por lo general, también toma forma de procedimiento oral. Si las partes están de acuerdo, los casos civiles pueden ser resueltos durante la fase preparatoria. En casos de derecho penal esta fase va precedida de una investigación preliminar realizada por un fiscal. También en los tribunales superiores los casos se deciden, en principio, tras una audiencia principal oral; pero en ellos hay margen para hacerlo sobre la base de un procedimiento escrito previo. En opinión general, la práctica judicial sueca da suficientes garantías de seguridad legal; sin embargo, en años recientes se la ha criticado por demasiada lenta y poco económica, particularmente cuando sólo están en litigio cosas de menor cuantía.
Como consecuencia, de una reforma realizada hace varios años, los servicios de asistencia jurídica pública se han ampliado considerablemente. Esos servicios implican que el Estado se hace cargo de los costes de asistencia jurídica y otros que acarree el proceso. No obstante, cada persona tiene que contribuir a los costes con una suma fijada en cada caso según las condiciones económicas del individuo. Sin embargo, a la parte perdedora en una demanda civil no se le puede conceder asistencia legal para cubrir el pago de los gastos legales de la otra parte. En caso de derecho penal hay que nombrar un defensor de oficio si el acusado no está en condiciones de velar por sus intereses sin esa ayuda. El defensor de oficio tiene derecho a cobrar su remuneración del erario público. Si el reo es declarado culpable del delito que se le imputa, el tribunal puede imponerle el reembolso de los honorarios requeridos por el defensor de oficio siempre que ello se considere razonable, teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas del acusado.
La misión de los tribunales administrativos puede ser descrita como el mantenimiento de la debida observancia de la ley en e marco de la administración pública en sus niveles central, regional y local. En ellos, el proceso se desarrolla de forma bastante aproximada a la de los procesos en los tribunales de la jurisdicción general. No obstante, en contraste con estos últimos, predominan los procesos por escritos, si bien cada vez son más corrientes las vistas orales. Así, los recursos relativos a tasaciones fiscales y los planteados contra ciertas decisiones de autoridades administrativas y locales, p. ej. en casos pertinentes a la tutela de menores o al internamiento de alcohólicos en instituciones especiales de asistencia, etc, caen bajo la competencia de los tribunales provinciales administrativos (lânsrâtt). El recurso de apelación contra fallos de esos tribunales provinciales puede interponerse ante uno de los cuatro tribunales administrativos de apelación (kammarrâtt).
En la mayoría de los casos se requiere un permiso especial para que uno de esos cuatro tribunales revise una causa. La máxima instancia administrativa es el Tribunal Superior Administrativo (Regeringsrâtten) que - como el Tribunal Supremo - en principio sólo ve casos que tengan interés como posibles precedentes.
Los títulos de los jueces de tribunales provinciales administrativos son los mismos que en los tribunales de primera instancia. La mayoría de las causas son dirimidas por un juez con formación jurídica y tres asesores profanos. Los procesos planteados antes los tribunales administrativos de apelación son juzgados generalmente por tres miembros con formación jurídica, aunque en algunos casos, por ejemplo los referentes a la patria potestad de los hijos, también forman parte del Tribunal asesores profanos. El Tribunal Superior Administrativo está integrado por cinco magistrados.
La asistencia jurídica pública también se presta en materias que esté considerando alguna autoridad o tribunal administrativo. Como se ha indicado arriba, la asistencia jurídica pública requiere que cada beneficiario suyo pague una contribución a los costes proporcional a su capacidad económica. El monto restante de la representación legal y otros gastos corre a cargo del erario público. En ciertas cuestiones administrativas que incluyen medidas tomadas contra la persona, como internamiento para tratamientos especiales o expulsión del país de ciudadanos extranjeros, la asistencia jurídica puede consistir en los servicios de un defensor de oficio, sin coste alguno para el interesado.
Desde el 1º de julio de 1996, el sistema fiscal sueco está organizado en 7 regiones, cada una de ellas dirigida por un jefe del ministerio fiscal. En cada región hay varias cámaras fiscales, y a la cabeza de cada una hay un fiscal jefe de distrito. La tramitación de delitos penales se concentra en esas cámaras. La autoridad central responsable de todos los fiscales es el Fiscal General del Estado , Riksâklagare.
Los fiscales tienen que responder de las investigaciones preliminares en casos de delincuencia, tan pronto una persona puede ser objeto de sospecha bien fundada,, y son también ellos quienes deciden si se entabla juicio o no. Cuando el delito ha sido cometido por un menor de edad, el fiscal tiene en ciertos casos la facultad de renunciar a ese procedimiento, dejando que la Comisión de Asuntos Sociales del municipio se encargue de rehabilitar al joven delincuente.
En Suecia no hay obligación de recurrir a la asistencia jurídica en procesos. Pero, en la práctica, un abogado u otra persona con formación en materia de derecho actúa como apoderado en la mayoría de los juicios civiles. En caso de causas penales, el tribunal nombra al defensor, que tiene que ser miembro del Colegio de Abogados de Suecia ( Sveriges advokatsamfund ) , una organización profesional semioficial que impone a sus miembros ciertas normas de disciplina. Si se la compara con otros países, Suecia cuenta con pocos abogados. Sin embargo, parte de la reforma mencionada arriba ha sido el establecimiento de oficinas de asistencia jurídica pública en cada provincia. La persona que obtenga asesoría jurídica es libre de elegir entre solicitarla de un despacho de abogados privado o de alguna oficina de asesoría estatal. También puede encomendarse esta asesoría a otros abogados que ejerzan su profesión. Los honorarios por tales servicios se rigen por una tarifa unitaria. La asistencia jurídica pública puede concederse además en procedimientos para dirimir un litigio fuera de los tribunales. En ese sistema es un elemento importante la posibilidad de tener una breve consulta, ya sea con abogados privados o en las oficinas de asistencia jurídica pública, por unos honorarios bajos que varían con la duración de la consulta.
Las sanciones penales consisten por lo común en multas o prisión. Las primeras se imponen proporcionalmente al ingreso con el criterio de que todos los infractores sientan igual grado de severidad en la pena, prescindiendo de cuál sea su situación económica; por tanto, las cantidades son fijadas en proporción a los ingresos diarios del sancionado. Las penas de cárcel se conmutan en muchos casos por otras más adecuadas para readaptar a la persona sentenciada a la comunidad, por ejemplo libertad condicional o bajo vigilancia. Esta última pena implica en algunos casos un breve período de tratamiento en alguna institución. Sólo en casos excepcionales son condenados a prisión los delincuentes menores de 18 años.
La administración pública es dirigida por el Gobierno y los diversos ministerios, estando organizada en una vasta red de autoridades administrativas. A nivel provincial el Gobierno está representado por los Gobiernos Civiles, lânsstyrelser. Las actividades de estos van dirigidas, por lo general, a la planificación, incluidos los campos de la construcción y de la protección del medio ambiente. Por debajo de los gobiernos civiles, las autoridades locales tienen importantes tareas, por ejemplo, en la asistencia social. En una serie de esferas hay organismos administrativos centrales, como las Direcciones Nacionales de Sanidad y Bienestar Social, de Policía, de Instituciones Penitenciarias y de Inmigración, la Administración Nacional de Trabajo y la Administración Tributaria Nacional. Los organismos de la administración central gozan de una posición relativamente independiente y siguen instrucciones generales del Gobierno.
Contra las decisiones de los organismos administrativos no se puede apelar ante un tribunal ordinario. Para ello hay un sistema especial de tribunales administrativos ya mencionado más arriba. Las líneas básicas de los procedimientos seguidos por los organismos administrativos están ahora reguladas por una legislación especial, que contiene garantías fundamentales de protección legal. Por regla general, una apelación contra una decisión de un organismo administrativo puede ser hecha ante un organismo superior. En principio, las demandas pueden ser llevadas, en último término, hasta el Gobierno, si es que las apelaciones en el campo de que se trate, no son interpuestas ante tribunales administrativos.
Instituciones especiales de control. Los ombudsman
De todas estas instituciones quizás la más conocida en el extranjero sea la de los Ombudsman Parlamentarios - o Defensores del Pueblo - Riksdagens Ombudsman o Justitienombudsmânnen , JO. El primer obmudsman fue nombrado en 1809. Actualmente existe un organismo con autoridad general, dividido entre cuatro ombudsman, uno de los cuales tiene ciertas funciones directivas.
Ese modelo sueco ha inspirado la creación de organismos semejantes en otros países durante la posguerra. Los ombudsman, que en la mayoría de los casos son jueces eminentes, son nombrados por el Parlamento por un período de cuatro años, y con frecuencia han sido reelegidos varias veces. Su deber profesional consiste en vigilar el modo en que los tribunales y organismos administrativos observan y aplican las leyes del país, en particular las que tocan a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los ciudadanos. Los ombudsman son asistidos por personal con formación jurídica, pudiendo hacer investigaciones y exigir cualquier tipo de información que consideren necesaria. Además supervisan actos de las autoridades locales, y también de cualquier persona que ejerza funciones ejecutivas públicas.
Siempre que reciben notificación de abusos cometidos por alguna autoridad, los ombudsman hacen las investigaciones del caso, y además no pocas veces recurren a la prensa como fuente de información. Igualmente se da el caso de que indaguen asuntos por iniciativa propia, como suelen hacerlo después de alguno de sus viajes de inspección. Sin embargo, debemos anotar que el ombudsman no es ni administrador omnipotente ni juez. Tiene poder para entablar procesos o dar parte de negligencias de funcionarios públicos a sus respectivas dependencias administrativas, bien sea para obtener su destitución o bien medidas disciplinarias. Sin embargo, el resultado más común de tales diligencias es una apreciación y declaración correspondiente del ombudsman sobre la eventual ilicitud o inadecuación del acto o decisión del funcionario en cuestión. Los ombudsman someten anualmente al Parlamento un informe que , a menudo, contiene propuestas de enmiendas legislativas en materias en que las disposiciones vigentes, a su juicio, no son satisfactorias.
El sistema de ombudsman encierra gran importancia en Suecia como garantía contra medidas opresivas del poder judicial y de la administración pública. Contribuye a infundirle al individuo confianza en los tribunales y otras autoridades. En ciertos dominios hay ombudsman que no son nombrados por el Parlamento, pero que desempeñan funciones similares de supervisión: el Ombudsman de los Consumidores, el Ombudsman para la Igualdad entre los Sexos, el Ombudsman contra la Discriminación Étnica, el Ombudsman de los Niños, el Ombudsman de los Discapacitados y el Ombudsman de la Prensa. El cargo de este último no es público, sino que está patrocinado por las organizaciones de los medios de comunicación social.
El Procurador General de Justicia
La Ley sobre la Forma de Gobierno, de rango constitucional, establece el cargo de Procurador General de Justicia, Justitiekanslern, JK , que realiza aproximadamente la misma supervisión de los tribunales y de los órganos administrativos que los Ombudsman Parlamentarios. El Procurador General de Justicia es nombrado por el Gobierno, casi siempre después de una larga carrera de magistrado, y desempeña su tarea de modo semejante al ombudsman. Esa Procuraduría supervisa también los límites de la libertad de prensa y expresión conforme a las Leyes de Libertad de Prensa y de Libertad de Expresión, respectivamente. Además está investido de autoridad para representar al Estado en causas civiles, y es el principal asesor jurídico del Gobierno.
- The Constitution of Sweden 1995. Constitutional Documents of Sweden. The Instrument of Government, The Riksdag Act, The Act of Succesion, The Freedom of the Press Act, The Fundamental Law on Freedom of Expression. Publicado por el Parlamento Sueco, 1996, 217 págs.
- Constitutional Documents on Freedom of Expression, Publicado por el Parlamento Sueco, Estocolmo, 1993, 50 págs.
- Scandinavian Studies in Law. Publicado bajo los auspicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1957
- Strômholm, Stig (ed.), An Introduction to Swedish Law, segunda edición, Norstedts fôrlag, Estocolmo, 1991, 52 págs.
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